Hola, pues hoy no hay mucho que decir, la información habla por sí sola y nuevamente los amigos, integrantes de la llamada fauna urbana (perros y gatos), fueron víctimas de un sacrificio lento y sumamente doloroso, y todo porque las autoridades sanitarias de aquella ciudad obligaron a los veterinarios a hacerlo así porque era lo más barato.
La Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado un auto desestimando los recursos del dueño y la directora de la perrera de Puerto Real (Cádiz), por lo que serán juzgados por un supuesto delito de maltrato animal, ya que según argumental el auto, ambos conocían el uso del Mioflex para el sacrificio de los animales y además, habían dado instrucciones a los veterinarios para que se usara "por motivos económicos".El Refugio denunció los supuestos hechos ilícitos ante el Seprona el 15 de junio del año 2007 iniciándose un procedimiento penal en el Juzgado número dos de Puerto Real, que hasta el día de hoy tiene cinco tomos con cerca de 2500 folios. Los supuestos penales que se imputan son: supuestos delitos de falsedad documental y denuncia falsa, así como delito continuado de maltrato de animales.
En la perrera de Puerto Real se recogían miles de perros y gatos, anualmente, de varios municipios de la provincia de Cádiz. Supuestamente los animales recogidos eran sacrificados con un paralizante muscular que era inyectado indiscriminadamente ocasionando a los perros y gatos recogidos una muerte lenta y agónica por asfixia que en la mayoría de las ocasiones podía durar varios minutos, durante los cuales el perro o el gato está absolutamente consciente hasta que muere asfixiado, ya que afecta a los músculos respiratorios.
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