Seguramente ellos no son conscientes de que
a partir del próximo 22 de diciembre van a estar mucho más protegidos, pues son animales y hasta hace bien poco no se les ha tenido en cuenta para casi nada.
Sin embargo, una
modificación en el artículo 337 de nuestro Código Penal va a hacer posible que "el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales".
Luchando desde hace años
En realidad, esta variación ha consistido únicamente en
suprimir el término 'ensañamiento' que figuraba en la anterior redacción del citado artículo y que constituía un auténtico coladero por el que los maltratadores de animales escapaban impunes de las agresiones más brutales.
A lo largo de las dos últimas legislaturas, diversas protectoras, como
El Refugio, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la recogida de animales maltratados, así como a la
prevención y denuncia de los casos de violencia y abandono contra ellos, ha mantenido reuniones con todos los grupos parlamentarios para impulsar este paso que se acaba de dar.
"Supone el mayor paso adelante en protección animal de los últimos años", afirma Nacho Paunero, presidente de la protectora que, ahora más que nunca, anima a los testigos de actos violentos contra los animales a que
denuncien los hechos ya que a los agresores les será más difícil escapar de la ley ya que supondrá la posibilidad de
enjuiciar como delitos las conductas maltratadoras que hasta ahora pasaban como simples faltas.
En cifras, se calcula que
las causas judiciales por estos delitos aumentarán en un 300%. En teoría, este dato es positivo, porque el número de sentencias condenatorias también se disparará y promoverá una reflexión al respecto.
No es suficiente
Daniel Dorado Alfaro, abogado especialista en causas de maltrato animal no se muestra tan eufórico, aunque acoge la medida con agrado.
"Lo único verdaderamente positivo es la desaparición del término 'ensañamiento', ya que no es necesario para que haya delito; sin embargo, las penas contempladas son de tres meses a un año, de manera que
nadie irá a la cárcel por maltratar a un animal, a no ser que reincida en lo mismo de manera muy seguida", explica el letrado.
Quizá por eso, el objetivo por el muchas protectoras luchan es por el de conseguir una
Ley Marco que aúne las 17 legislaciones autonómicas que rigen para cada comunidad en materia de maltrato animal.
"Ahora mismo, los textos legales son muy dispares y en algunos lugares maltratar a una animal sale muy barato", apunta Paunero.
En este sentido, Dorado también matiza que "si se hace una norma legal estatal se va a estandarizar usando los raseros más bajos, de manera que
en muchos aspectos iremos para atrás; lo verdaderamente importante es que exista una legislación con contenido, que esté bien articulada y que luego disponga de medios para ser aplicada".
De esta manera, en opinión del abogado,
es fundamental avanzar en conciencia ciudadana. Admite que aunque todavía queda mucho camino por recorrer, se han hecho grandes avances.
"Hemos dejado de ver a los animales como cosas, como meras propiedades. La ley reconoce que tienen entidad física y psíquica, sienten el dolor y acusan la violencia como cualquier ser vivo", explica.
Denunciar; obligación legal y moral
Por este motivo, coincide con El Refugio en la necesidad de denunciar cualquier caso de maltrato animal. "Se trata, aparte de una obligación moral, de un imperativo legal", afirma. "Además, no es un proceso complicado; por la vía administrativa se presentan las pruebas, se deja constancia del hecho y la ley comienza a actuar".
No obstante, reconoce que hay bastantes
dificultades para identificar a los responsables del maltrato porque no suelen ejecutarlo ante posibles testigos y en numerosas ocasiones se recurre a mutilaciones para arrancar las identificaciones a los animales, de manera que cuando le encuentran no hay posibilidad de seguir el rastro a su dueño.
Finalmente, la disparidad que existe entre las leyes de protección animal según la Comunidad Autónoma complican aún más el procedimiento. "El Código Penal es el mismo para todo el país; pero la vía administrativa es diversa", apunta Paunero. (Con información de El Mundo).
